Biografías 0002 – Euskadi Ta Askatasuna (ETA)

La actual Euskadi Ta Askatasuna (expresión en euskera traducible al castellano como «País Vasco y Libertad»), conocida por sus siglas ETA, es un organización armada de origen vasco e ideología nacionalista, que se proclama independentista, abertzale, socialista y revolucionaria.

Actualmente inactiva tras el cese de su actividad armada, está designada como una organización terrorista tanto por España como por Francia, países donde estuvo activa, además de por Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Desde la creación de la primera ETA han existido diferentes organizaciones con el mismo nombre surgidas como resultado de diversas escisiones, coexistiendo en varias ocasiones dos organizaciones diferentes que respondían a las mismas siglas y, en breves etapas, hasta tres.

Tiene como objetivos prioritarios la independencia de lo que el nacionalismo vasco denomina Euskal Herria, de los Estados de España y Francia y la construcción de un estado socialista. Para conseguirlo ha utilizado el asesinato, el secuestro, el terrorismo y la extorsión económica tanto en España como, ocasionalmente, en Francia, en lo que denominan lucha armada.

Fundada en 1958 durante la dictadura franquista tras la expulsión de miembros de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, cometió su primera acción violenta en julio de 1961 e, inicialmente, contó con el apoyo de una gran parte de la población al ser considerada una más de las organizaciones opuestas al régimen dictatorial franquista.

Tras el proceso democratizador iniciado en 1977, al cual una parte no se incorporó, fue perdiendo apoyos públicos, siendo condenados sus actos y calificados de terrorista por la mayoría de las fuerzas políticas y sociales desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979, en la que su condición terrorista es plenamente admitida por numerosos Estados y organizaciones internacionales.

Amnistía Internacional ha condenado repetidas veces las acciones de ETA, calificándolas como crímenes o graves abusos contra los derechos humanos, lo que no le ha impedido criticar la política antiterrorista del gobierno español, en particular el régimen de incomunicación, que posibilitaría el maltrato o la tortura a los presos, según esta ONG.

Desde 2002, los partidos políticos Batasuna, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas han sido ilegalizados por el Tribunal Supremo por su vinculación a ETA, a raíz de las reformas legislativas adoptadas por las Cortes Generales a propuesta del gobierno de José María Aznar. El Tribunal Constitucional desestimó los recursos de amparo de los tres partidos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado ya las demandas interpuestas por los dos primeros.

Desde 1976 diferentes gobiernos españoles han explorado la vía del diálogo para que ETA diera fin a su actividad, estableciendo sucesivos contactos con ETA a lo largo del tiempo y decretando esta varias treguas y altos al fuego, parciales o indefinidos.

Con la firma del Pacto de Estella en 1998, se alcanzaron una serie de acuerdos entre ETA y diversas fuerzas políticas; pero no fue hasta el 20 de octubre de 2011, tres días después de que se celebrara la “Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco” en San Sebastián, que la organización anunció mediante un comunicado «el cese definitivo de su actividad armada».

Denominación

Los integrantes de ETA suelen ser llamados «etarras», un neologismo creado por la prensa española a partir del nombre de la organización y el sufijo vasco con el que se forman los gentilicios en euskera (en un primer momento, se les llamó «etistas»). En euskera, la denominación correcta es etakideak, plural de etakide («miembro de ETA»), si bien tal denominación no se usa en castellano.

Los miembros y partidarios de la organización suelen autodenominarse como «gudaris» (gudariak en euskera), que significa guerreros, combatientes o soldados. Era el nombre que recibían los combatientes nacionalistas vascos que lucharon contra los sublevados durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. El romanticismo del término proviene de que en la guerra civil la prensa afín difundió la idea de que aquellos combatientes luchaban por Euskadi.

Antecedentes y orígenes

En los años cincuenta, la dictadura franquista obtuvo mayor reconocimiento internacional; y es así que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue desposeído de su céntrica sede en París en 1951. El golpista y fascista dictador Francisco Franco firmó un Concordato con la Iglesia católica en 1953, fallando la estrategia occidentalista por vías diplomáticas que durante esos años había desarrollado el PNV.

Este es el mapa del territorio reclamado por ETA para la creación de un Estado vasco. Los tres territorios del noreste están en Francia y el resto en España. En 1952 se organizó un grupo de estudio universitario con el nombre Ekin (acometer en euskera) en Bilbao.
En un principio Ekin organizaba charlas y cursos clandestinos sobre euskera y su historia. A partir de 1953, y a través del Partido Nacionalista Vasco, el grupo tomó contacto con su organización juvenil, Euzko Gaztedi Indarra (EGI). En 1956 ambas asociaciones se fundieron, redactando una ponencia conjunta en el primer Congreso Mundial Vasco celebrado ese mismo año en París, en el que apostando por el relevo generacional, diferían de las directrices del partido.
En 1958 se vislumbraron tensiones en el interior de la asociación en confrontación con los altos dirigentes del PNV, que llevan a la expulsión de dirigentes de Ekin y que motivó la posterior escisión en el mes de mayo de ambos grupos puesto que Ekin propugnaba una estrategia de «acción directa» y actuar así como un movimiento de resistencia vasco, en una época en la que abundaban las luchas de liberación nacional en el tercer mundo, como la descolonización de Argelia.

En 1958 se constituyó Euskadi Ta Askatasuna. Inicialmente también se consideró el nombre Aberri Ta Askatasuna (Patria y Libertad), pero fue descartado porque su acrónimo ATA significa “pato” en euskera vizcaíno. Por este motivo, José Luis Álvarez Emparanza Txillardegi propuso el nombre Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que fue decidido en una reunión entre Benito del Valle, Julen Madariaga, Iñaki Larramendi y Txillardegi en DEVA a finales de 1958.

Usaron dicho nombre públicamente por primera vez en una carta dirigida a Jesús María Leizaola, lendakari (presidente del Gobierno Vasco) en el exilio, el 31 de julio de 1959, día en el que se celebraban tanto la festividad de San Ignacio de Loyola como el 64 aniversario de la fundación del PNV. En 1959 la organización tenía junta directiva colegiada formada por Eneko Irigaray, López Dorronsoro, Álvarez Emparanza Txillardegi, Benito del Valle, J. Manuel Agirre, Julen Madariaga, Alfonso Irigoien y Patxi Iturrioz.

Primeras asambleas y primeros atentados

Su primera acción violenta la cometieron el 17 de julio de 1961 al intentar hacer descarrilar un tren que transportaba a simpatizantes franquistas que viajaban a San Sebastián para conmemorar el 25 aniversario del golpe de Estado de julio de 1936, que marcó el inicio de la Guerra Civil Española.

Sin embargo ETA todavía no se había decantado por la vía armada, sobre la que se siguió discutiendo durante años. Algunos autores consideran que la primera víctima mortal fue la niña de 22 meses, Begoña Urroz Ibarrola, fallecida el 27 de junio de 1960 al explotar una bomba en una consigna de la estación de Amara en San Sebastián.

El régimen franquista atribuyó el atentado a «elementos extranjeros, en cooperación con separatistas vascos y comunistas españoles» y más tarde la policía franquista señaló al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) —un efímero grupo hispanoluso antifranquista y antisalazarista fundado en 1959— como autor de este y otros atentados que habían tenido lugar por aquellas fechas.

En 1992, el vicario de la diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola, basándose en el testimonio de una catequista, atribuyó a ETA este atentado. El ex-ministro y catedrático Ernest Lluch, recogió esta versión y en 2000 publicó un artículo en el diario El Correo donde exponía que habría indicios de que la primera víctima de ETA fuera Begoña Urroz.

En 2010 el Congreso de los Diputados oficializó esta versión y declaró el 27 de junio como «Día de las víctimas del terrorismo». Sin embargo, como indican los historiadores Santiago de Pablo, Iñaki Egaña, Gaizka Fernández Soldevilla, y el periodista Xavier Montanyà, que tuvo acceso a los archivos policiales desclasificados, no hay fuentes fiables que permitan asegurar la autoría de ETA, mientras que todo parece indicar que se trató del DRIL.

Primera Asamblea de ETA

Su ideario, plasmado en su I Asamblea, celebrada en el monasterio benedictino de Nuestra Señora de Belloc de Urt (Francia) en mayo de 1962, se basaba en:

  • La independencia del País Vasco, comprendiendo este los territorios españoles y franceses de Álava, Guipúzcoa, Labort, Navarra, Sola y Vizcaya.
  • La definición de ETA como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, rehuyendo su consideración como un mero partido político.
  • La defensa del euskera como elemento definidor de la identidad nacional vasca, superando la concepción racial defendida en su día por Sabino Arana.
  • La defensa de la democracia representativa, con rechazo expreso de fascismo y comunismo.
  • La defensa de la aconfesionalidad del Estado, rompiendo también en este punto con el catolicismo del nacionalismo vasco tradicional.

Segunda Asamblea de ETA

En 1962, el ideólogo exiliado Federico Krutwig, bajo el pseudónimo de “Fernando Sarrailh de Ihartza”, en su obra “Vasconia” define a ETA como un “Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, creado en la resistencia patriótica, e independiente de todo otro partido, organización u organismo.”

En la II Asamblea, celebrada en Capbreton en marzo de 1963, se va definiendo el carácter izquierdista de la organización, que se autodefine como socialista. De esta forma se va alejando de la tradición conservadora y católica del PNV.

En 1964, el ilegalizado PNV muestra su desvinculación con ETA y para ello, con el fin de desmentir ciertos rumores, declara públicamente “que la organización conocida con las siglas E.T.A. ni es núcleo activista, ni sección terrorista de nuestro partido, ni tiene con este ningún lazo de disciplina“, rechazando sus métodos violentos.

La III Asamblea

En la III Asamblea, que se celebró en Bayona entre abril y mayo de 1964, se tomó la decisión de que la lucha armada era el mejor modo de conseguir los fines propuestos. La ponencia se publicó más tarde con el título La insurrección en Euskadi. En esta asamblea, además se decidió unánimemente la ruptura con el PNV, cuya labor ETA consideraba «contraria a los intereses de la liberación nacional».

IV Asamblea: las tres corrientes (1965)

A partir de la IV Asamblea aparecieron algunas de las líneas de fractura que dividirán a los miembros de la organización, lo que se evidenciará más claramente en asambleas sucesivas al dar lugar a varias escisiones. De manera simplificada, por una parte hay una tensión ideológica entre quienes dan preeminencia a los aspectos más nacionales o vasquistas de la actividad de ETA y quienes privilegian la implicación en las luchas obreras que sacuden a toda España en esos años.

Por otra, se discute sobre los grados de importancia que deben tener en el quehacer de la organización las luchas netamente políticas de un lado y la actividad armada de otro. La IV Asamblea se inició en agosto de 1965 en la Casa de Ejercicios Espirituales de los jesuítas de Loyola de la localidad guipuzcoana de Azpeitia y continuó en una cabaña de las campas de Urbía, lugar próximo al Santuario de Aránzazu, al ser sorprendidos algunos delegados del exilio de camino a la primera sede.

En ella se marcaron tres tendencias:

  • Los «culturalistas» o «etnolingüistas», que representaban el sector más vasquista y estaban encabezados por José Luis Álvarez Enparantza Txillardegi.
  • Los «obreristas», de ideología comunista, que supeditaban la liberación nacional a los intereses de clase, y cuyo líder era Patxi Iturrioz.
  • Los «tercermundistas» o «anticolonialistas», encabezados por José Luis Zalbide, que eran otro sector de izquierdas y nacionalista partidario de establecer un vínculo entre la lucha por la independencia vasca y las luchas de liberación nacional que se estaban dando en varios países del Tercer Mundo frente a las potencias coloniales.

En esta asamblea se aprobó definitivamente el uso de la violencia armada como una de las formas de acción habituales de la organización. También se aprobó el uso de la violencia para conseguir fondos económicos; su primer atraco a mano armada tuvo lugar en la localidad guipuzcoana de Vergara el 24 de septiembre de 1965.

V Asamblea: ETA Berri y ETA Zaharra

La V Asamblea da lugar a la primera escisión. Se realizó en dos fases, la primera en diciembre de 1966 en la casa parroquial de Gaztelu (Guipúzcoa). La segunda se celebró en marzo de 1967 en la casa de ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús de Guetaria (Guipúzcoa).

En la asamblea estallaron las divergencias entre obreristas y los dos sectores nacionalistas formados en la IV Asamblea. Los obreristas, tachados de «españolistas» por su pretensión de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se escindieron en una organización que llamaron ETA Berri (Nueva ETA), mientras que los otros dos sectores quedaron encuadrados en la llamada ETA Zaharra (Vieja ETA), que pronto volvería a ser ETA a secas.

Por su parte ETA Berri renunciaría a la pugna por las siglas pasando a denominarse Komunistak y posteriormente se transformaría en el Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK), contribuyendo a crear un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista (MC).

En ETA Zaharra el sector tercermundista arrinconó y apartó del poder al sector culturalista de Txillardegi, que dejó la organización formando un colectivo agrupado en torno a la revista Branka. En la V Asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años: político, militar, económico y cultural.

El 7 de junio de 1968 se produjo el primer asesinato de ETA, el del guardia civil José Antonio Pardines Arcay en un control de carretera. El 2 de agosto, dos meses después, ETA cometió su primer atentado premeditado: el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la policía secreta de San Sebastián y represor de la oposición a la dictadura franquista.

Como reacción, fue declarado el estado de excepción en Guipúzcoa y la prensa del Movimiento comenzó a difundir una imagen manipulada y alarmista de la organización. A lo largo de 1968 se produjeron un total de 434 detenidos, 189 encarcelados, 75 deportados y 38 exiliados. Una nueva oleada de detenciones en abril de 1969 dejó a la organización sin capacidad operativa y con su dirección desmantelada.

VI Asamblea: ETA-V y ETA-VI

En la VI Asamblea, celebrada en agosto de 1970 en Itxassou, resurgen con fuerza las tensiones, esta vez entre militaristas (partidarios de la preeminencia de la actividad terrorista), y un sector llamado otra vez «obrerista», que aboga por la supeditación de la lucha armada a la lucha política realizada en alianza con las organizaciones obreras.

Este último sector es mayoritario durante la celebración de la asamblea, y su decisión de poner coto a la actividad armada hace que el sector militarista se niegue a aceptar las resoluciones de la asamblea, creando una escisión que llamarán ETA V Asamblea Askatasuna ala hil (Libertad o muerte) o ETA-V.

El sector mayoritario emplea la denominación ETA VI Asamblea Iraultza ala hil (Revolución o muerte) o, abreviadamente, ETA-VI. Sin embargo, ETA-V logra hacerse con el control de la organización, en la que se integra un sector de EGI (denominado EGI-Batasuna), las juventudes del PNV, partidarias de la lucha armada.

ETA-VI, por su parte, se divide en dos grupos, el mayoritario (llamado de los mayos) y el minoritario (minos). El primero aprueba en 1973 unirse al partido trotskista español Liga Comunista Revolucionaria (LCR), dando lugar con el tiempo al partido vasco Liga Komunista Iraultzailea (LKI). El otro sector, el de los minos, se disolverá al integrarse sus miembros en otras organizaciones como la ORT y el PCE, o incluso en la propia ETA-V (nuevamente ETA a secas).

En diciembre de 1970, dieciséis (16) miembros de ETA fueron juzgados y seis de ellos condenados a muerte en el denominado Proceso de Burgos, pero las movilizaciones populares en solidaridad con los encausados y la presión internacional hicieron que las penas de muerte fueran conmutadas, como ya lo habían sido con otros dos miembros de ETA con anterioridad. La repercusión del juicio proporcionó una gran publicidad internacional para la organización.

La segunda VI Asamblea: ETA militar y ETA político-militar

La VI Asamblea de 1973 (recordemos que quien se queda con el nombre de ETA no reconoce la anterior VI Asamblea) es la que provoca las últimas y más importantes escisiones hasta la fecha. Se celebra en dos partes, la primera en la localidad vascofrancesa de Hasparren en agosto de 1973, y la segunda tras el atentado de la calle Correo de Madrid.

En la primera parte resurgen las tensiones entre militaristas y obreristas, que se plasman en dos sectores enfrentados y con poca comunicación entre ellos. Son los militaristas quienes deciden unilateralmente atentar contra Carrero Blanco en diciembre de 1973, provocando la escisión del sector obrerista, que se constituirá en Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (LAIA), abandonando ETA.

Tras el atentado de la cafetería Rolando resurge, durante la celebración de la segunda parte de la asamblea, la antigua discrepancia entre los que abogan por la prioridad absoluta de la actividad terrorista y quienes desean su supeditación a las luchas políticas. Así surgen los «militares» (milis, esencialmente provenientes del Frente Militar) y los «político-militares» (poli-milis, procedentes del Frente Obrero), que se escindirán en dos organizaciones: ETA militar (ETA-m, ETA (m) o ETA mili) y ETA político-militar (ETA-pm, ETA (pm) o ETA poli-mili), siendo esta última la mayoritaria.

La transición democrática

ETA político-militar

ETA militar

ETA militar, al igual que los partidos EHAS y LAIA, boicoteó las elecciones generales de 1977, al mantener que no se habían conseguido las condiciones mínimas para la participación (libertades democráticas y amnistía general). La organización terrorista intentó convencer al PNV de que se uniese a su postura abstencionista durante las denominadas conversaciones de Chiberta (País Vasco francés), pero el partido se negó, apostando por la vía institucional. El PNV, además, formó un Frente Autonómico para el Senado con ESEI y el PSE-PSOE, el principal partido vasco no nacionalista.

ETA-m consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente, ya que consideró a la naciente democracia como una continuación de la dictadura franquista. En 1978, reforzada por la unión de los berezis, una escisión militarista de ETA-pm, ETA-m cambió de estrategia y adoptó la conocida como “de la negociación” o “guerra de desgaste”, que consistía en asesinar a miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presionar al Gobierno y obligarle a aceptar la “Alternativa KAS”.

Por otra parte, para no dejar el campo político libre a ETA-pm, apoyó la creación de la coalición Herri Batasuna (HB), que en un principio era una alianza autónoma de cuatro partidos políticos (HASI, LAIA, ESB y ANV). ESB y LAIA abandonarían HB en 1980 en desacuerdo con el papel predominante de KAS dentro de la coalición y su negativa a que HB participase en las elecciones, lo que ha sido interpretado como que ETA-m tomó el control de HB y consiguió expulsar a los críticos.

Los atentados terroristas aumentaron en número e intensidad. Destacan el secuestro y asesinato de José María Ryan, ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemóniz en 1981, que formó parte de la estrategia de ETA-m de instrumentalizar los movimientos sociales autónomos que habían ido surgiendo en Euskadi. El primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, tuvo como resultado un muerto y 16 heridos; la bomba que mató a 12 guardias civiles e hirió a 50 en julio de 1986 en la plaza de la República Dominicana de Madrid; o el atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, cuando pusieron una bomba en un centro comercial de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas e hirió a 45.

ETA explicó en un comunicado que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local; sin embargo, los avisos eran confusos, informaban de que la bomba explotaría a las 15:30 y no advertían de que estaba colocada en un coche, por lo que, al no ser encontrado paquete sospechoso alguno y pasar la hora señalada, se consideró innecesario evacuar el comercio. Pocos meses más tarde, ETA perpetró un atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en el que murieron once personas (cinco de ellas, niñas).

Durante la dictadura franquista, y gran parte de la democracia, ETA disfrutó de la tolerancia del gobierno francés, que permitía a sus integrantes moverse libremente por su territorio, creyendo así contribuir al fin del régimen franquista. Se hablaba entonces del «santuario francés» de ETA. Actualmente, Francia colabora intensamente con las autoridades españolas en la lucha contra ETA.

La guerra sucia contra ETA

Desde 1975 a 1980 operaron diversos grupos como Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o “Triple A”), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, todos ellos afines a la dictadura franquista.

Tras la victoria electoral socialista de 1982 surgen los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que en 1983, y hasta 1987, iniciaron sus acciones terroristas de “guerra sucia” contra ETA, atribuyéndoseles el asesinato de 27 personas. Dichos atentados y secuestros fueron perpetrados en su mayoría por mercenarios franceses contratados por policías españoles, financiados con fondos reservados, y organizados desde el propio ministerio del Interior, a través de responsables de la lucha antiterrorista del País Vasco.

Se podría, finalmente, cifrar el número total de víctimas mortales provocadas por los diferentes grupos parapoliciales o de extrema derecha desde 1960 a 1989, atendiendo a las diversas fuentes, entre 66 y 73 (solo 2 de ellas de 1960 a 1975), quedando excluidos de esas cifras los numerosos casos (77, concretamente) que necesitan mayor investigación y aún están sin atribuir ni esclarecer.

Por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un vendedor de mobiliario de oficinas al que confundieron con Mikel Lujúa, por entonces dirigente de ETA, el Tribunal Supremo condenó en julio de 1998 a penas de cárcel a José Barrionuevo, Ministro de Interior; Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad; Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya; Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao; José Amedo, Subcomisario de la policía; Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya; por secuestro y malversación de caudales públicos, y a Michel Domínguez, Policía. En septiembre de 1998 ingresaron en la cárcel y tres meses después, Vera y Barrionuevo, condenados a diez años de prisión, fueron excarcelados gracias a un indulto parcial del Gobierno presidido por José María Aznar.

En marzo de 1999, la Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento por secuestro, lesiones y asesinato en relación con dos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados en Bayona (Francia) en 1983 y cuyos cadáveres torturados fueron descubiertos cerca de Alicante, en el sureste español, en marzo de 1995. En 2000, el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado por el Tribunal Supremo a 75 años de cárcel.

También se condenó por este caso al ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elgorriaga Goyeneche, y a los ex mandos de la Guardia Civil, Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, como autores, cada uno de ellos, de dos delitos de detención ilegal y dos delitos de asesinato. Rodríguez Galindo estuvo solo tres años en prisión y cumplió el resto de la condena en su casa debido a una supuesta enfermedad cardíaca.

El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL, ha condenado verbalmente sus crímenes y su entonces presidente, Felipe González, nunca ha sido judicialmente acusado por estos hechos. González refirió: “Yo creo que no se puede decir que fuera terrorismo de Estado. Lo veo ahora con la perspectiva histórica. Si el aparato del Estado hubiera decidido eliminarlos, puede provocar otros problemas, pero termina por eliminarlos (Documental “La Pelota Vasca”). Dejémonos de historias, porque incidentes como los que ha habido en España los ha habido en todos los países en los que una actividad terrorista ha golpeado a la democracia (El País, 27/09/96)”

Durante los años de “guerra sucia” además de los atentados y secuestros se vivió una fuerte tensión en el País Vasco y Navarra y el entorno de ETA se vio impulsado, junto con la crisis derivada de la reconversión industrial, el paro…, por lo que consideraban una evidencia, entonces siempre negada por las autoridades, de que el gobierno socialista estaba detrás de los GAL. Para estos sectores ETA pasaba a ser una víctima y sus atentados una respuesta a las acciones del Gobierno.

Durante esa época surge el llamado “rock radical vasco”, movimiento musical que denunciaba en muchas de sus canciones la situación de acoso ilegal al que se veía sometido el llamado M.L.N.V. Algunas de las situaciones que denunciaban fueron posteriormente avaladas por las Sentencias condenatorias de los Tribunales.

En 1986 se fundó la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, que comenzó a convocar manifestaciones silenciosas en todos los pueblos al día siguiente de cada muerte causada por la violencia política relativa al País Vasco, ya fuera de ETA o del GAL. Ese mismo año, ETA asesinó en Ordicia a María Dolores González Katarain Yoyes, antigua dirigente de la organización, que había decidido dejar la lucha armada y ya se había reinsertado en la sociedad, acusándola de «desertora».

En noviembre de 2010, el que fuera Presidente del Gobierno, Felipe González, reconoció en una entrevista a El País que estuvo en sus manos en aquel entonces eliminar a la cúpula de ETA y decidió no hacerlo. Estas declaraciones coinciden en el tiempo con el Alto el fuego de ETA de 2010.

Los pactos entre partidos (1987)

La reacción política a la intensificación de los atentados de ETA fue el inicio de una nueva etapa en la que se firmaron diversos pactos entre partidos:

  • Pacto de Madrid: El 5 de noviembre de 1987, los partidos políticos españoles PSOE, AP, CDS, CiU, PNV, PDP, PL, PCE y EE, firmaron una declaración conjunta, conocida como el “Pacto de Madrid” por el que denunciaban la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del Pueblo Vasco y, consecuentemente, rechazaban su pretensión de negociar los problemas políticos del Pueblo Vasco, emplazaban formalmente a ETA a abandonar las armas y aceptar las vías democráticas y se solicitaba al Gobierno Vasco que asumiera “el liderazgo en la desaparición de la violencia y el terrorismo, y en la consecución definitiva de la paz“; dichos partidos se pronunciaban a favor de la derogación de la ley antiterrorista.
  • Pacto de Ajuria Enea: Otro pacto de gran importancia sería el llamado Pacto de Ajuria Enea, firmado el 12 de enero de 1988 por José Antonio Ardanza como lehendakari del Gobierno vasco y por todos los partidos representados en el Parlamento Vasco a excepción de Herri Batasuna: Partido Socialista de Euskadi-PSOE, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra, Alianza Popular y Centro Democrático y Social. El acuerdo se decidía a impulsar en su integridad el Estatuto de Guernica y a intensificar las relaciones de la Comunidad Autónoma Vasca con Navarra. Compartían los firmantes de este acuerdo la necesidad e importancia de una acción policial que contribuyera a la erradicación del terrorismo, a la protección de los principios que conforman la convivencia democrática y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores; instaba a ETA a renunciar a la vía armada y a HB a reanudar su actividad parlamentaria legitimándose como opción política; respaldaba las políticas de reinserción de los “arrepentidos”, los procesos de diálogo si existiera una intención seria por parte de ETA de abandonar las armas, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular; apoyaba también la derogación de la Ley Antiterrorista y reiteraba el apoyo a las víctimas del terrorismo; reconocía además que la colaboración internacional se convertía en algo imprescindible para la erradicación de la violencia y se comprometían a velar por que la defensa del Estado de Derecho se produjera siempre dentro de la legalidad.
Según el dirigente del PNV Xabier Arzalluz, estos pactos respondían a la estrategia del PSOE de conseguir el apoyo de los partidos a la tregua con ETA que se disponía a realizar.
En 1987 Txomin Iturbe Abasolo, número uno de ETA en ese momento, comenzó a dirigir las conversaciones de Argel, que continuó, tras su muerte ese mismo año, Antxon, hasta su finalización en 1989. Tras la muerte de Txomin en 1987, Josu Urrutikoetxea Bengoetxea Josu Ternera tomó las riendas de la organización, que dirigió hasta ser detenido en 1989. Francisco Mujika Garmendia Pakito compartió liderazgo con él, pasando a hacerlo tras su detención con José Luis Álvarez Santacristina Txelis y Joseba Arregi Erostabe Fiti (formando el denominado colectivo Artapalo).
El 28 de enero de 1988 ETA anunció un «alto al fuego» de 60 días, que luego alargó varias veces, y se intentó una negociación entre ETA (representada por Eugenio Etxebeste Antxon) y el gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, denominada Mesa de Argel, que terminó en mayo sin resultados, finalizando el alto el fuego.
  • Plan Ardanza: En ninguno de los anteriores pactos que propugnaban el diálogo se había contado con ETA o su entorno, el MLNV, por lo que las opciones reales de pacificación se encontraban muy reducidas; por lo menos así lo consideraba el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, quien, el 17 marzo de 1998, haciendo su personal interpretación de los acuerdos anteriormente mencionados, presentó a la Mesa de Ajuria Enea el llamado “Plan Ardanza”, un documento que proponía un diálogo “sin condiciones previas y sin límites de resultados” y exclusivamente entre partidos, previa ausencia de violencia de ETA y una vez se tuviera constancia inequívoca de que ETA quisiera abandonar la violencia. El documento fue apoyado por los partidos miembros de la Mesa salvo el Partido Socialista de Euskadi-PSOE y Alianza Popular, quienes no aceptaban que los representantes vascos pudieran aprobar, por sí solos, enmiendas a la Constitución Española. El plan, considerado el testamento político de Ardanza que se retiraba de la política, fue muy criticado en su día siendo alabado posteriormente por su moderación y consistía en una reflexión sobre la situación de ETA y HB en ese momento, consideraba que la vía policial no había conseguido ningún resultado y la vía política no funcionaba si se aislaba a HB, por ello, proponía una forma de solucionar el “conflicto”:
  • Dejar la resolución dialogada del conflicto en manos de los partidos representativos de la sociedad vasca
  • Hacer propios los acuerdos que aquellos puedan alcanzar en las instituciones vascas
  • Incorporar los acuerdos al ordenamiento jurídico con el fin de que puedan resultar operativos.
El plan fue presentado ante los miembros de la Mesa de Ajuria Enea pero, finalizada sin acuerdo la negociación con ETA, no obtuvo el respaldo del resto de partidos.
  • Pacto de Navarra: Muy pronto surgieron las divergencias entre los firmantes de Ajuria Enea y se redactó otro documento el 7 de octubre de 1988, que no fue firmado ni por el PNV, ni por EA, conocido como “Pacto de Navarra”, en el que se contenían las ideas del de Ajuria Enea, y así rechazaban en este acuerdo, toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, fuera reconocida en negociaciones políticas que pretendieran condicionar el desarrollo libre del sistema democrático, para reafirmar que solo la voluntad del pueblo podía orientar el presente y el futuro de Navarra, pero se enfatizaba especialmente en la condena de las actividades terroristas y el desprecio que generaban en la sociedad. La falta de acuerdo, según Arzalluz vino motivada por la oposición del PP a la política del PSOE de negociar con ETA. Precisamente en Navarra, en junio de 1990, se produjeron los sucesos de la Foz de Lumbier, que acabaron con dos terroristas y un guardia civil muertos y la desarticulación de facto del Comando Nafarroa.

En el atentado contra la casa-cuartel de Vich en mayo de 1991, perpetrado por el Comando Barcelona en Vich (Barcelona) fallecieron diez personas, entre ellas una anciana y tres niñas.

En 1992, la cúpula dirigente de ETA al completo (Pakito, Txelis y Fiti) es detenida en Bidart (en Labort, Francia), lo que forzó el cambio de dirección. Tras una tregua de dos meses, adoptan postulados más radicales, siendo la principal consecuencia de este cambio de rumbo la supuesta creación de los «comandos Y», formados por jóvenes (generalmente menores de edad) dedicados a la llamada kale borroka («lucha callejera» en vasco), cuyas actividades incluirían la quema de autobuses y mobiliario urbano, y el lanzamiento de cócteles molotov.

Su aparición se atribuyó a una hipotética debilidad de ETA, que les obligaría a recurrir a menores para mantener o aumentar su impacto en la sociedad tras importantes detenciones de sus militantes, incluida su cúpula militar. También empezaron a ser amenazados los concejales de partidos políticos no nacionalistas vascos. Sin embargo, dentro del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco se niega la existencia de los Comandos Y, y se afirma que su descripción es una maniobra para imponer una mayor pena de prisión a quien realiza estas acciones.

El papel de ETA como organizador de la kale borroka ha sido considerado probado por la Audiencia Nacional; por otro lado, desde distintos sectores políticos de izquierda (principalmente de la izquierda abertzale) se niega este papel. En 1995, la organización lanzó una serie de exigencias al Gobierno español como condición para el cese de la violencia. La llamada Alternativa Democrática actualizaba y venía a sustituir a la alternativa KAS como propuesta de mínimos para el reconocimiento de Euskal Herria.

A partir del reconocimiento por parte del Gobierno español de la territorialidad vasca, de que la soberanía reside en el pueblo vasco y de que este tiene el derecho de autodeterminación, se derivaría el cese total de las actividades armadas de ETA. El gobierno español rechazó las exigencias de ETA, intentó silenciar su difusión y los tribunales procesaron a la mesa nacional de HB por intentar difundirlas aprovechando los espacios gratuitos de publicidad electoral para añadir a su anuncio algunas imágenes extraídas de un vídeo de ETA.

Los frentes políticos

El 19 de abril de 1995 fracasó un atentado con coche bomba contra el entonces principal líder de la oposición José María Aznar, que pronto sería elegido Presidente de Gobierno con el apoyo del PNV; también, según las fuerzas de seguridad, fue abortado el asesinato del rey Juan Carlos I. Así mismo, el 8 de enero de 1996 se desmantela un atentado contra Juan María Atutxa, dirigente del PNV y Consejero de Interior del Gobierno Vasco y en febrero ETA asesina a Fernando Múgica y a Francisco Tomás y Valiente. Ese mismo mes son detenidos miembros representativos del entorno de ETA como Idígoras y Floren Aoiz.

El 3 de marzo de 1996, Aznar gana las elecciones generales y es asesinado Ramón Doral Trabadelo, uno de los responsables de la Ertzaintza en la lucha antiterrorista; en abril es puesto en libertad José María Aldaya tras un secuestro de 341 días. En junio ETA suspende sus actividades durante una semana, poco después reiniciaría sus acciones terroristas. Durante 1996 se atacaron 50 sedes del PNV, 26 del PSOE, 8 del PP y de EA y 4 de IU.

ETA comienza una táctica de “socialización de la violencia” realizando acciones de gran impacto mediático y crueldad, mientras que el gobierno se esfuerza por intentar una negociación con ETA. El 30 de junio de 1997 es liberado Cosme Delclaux, quien llevaba secuestrado 232 días. El mismo día, tras confirmarse la liberación de Delclaux, la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara después de 532 días de secuestro.

El 10 de julio de 1997 ETA secuestró al concejal del Partido Popular de Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco, amenazando con matarlo si el gobierno español no cedía a sus exigencias. Se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones de solidaridad para exigir su liberación, pero, al cabo de dos días ETA cumplió su amenaza asesinando al concejal, lo que desencadenó nuevamente manifestaciones masivas de rechazo. A esta reacción ciudadana se le denominó el «espíritu de Ermua».

Aunque ETA ya había asesinado con anterioridad a militantes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español de mayor relevancia política, como Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica, el asesinato de Blanco supuso el comienzo de una larga serie de asesinatos de modestos concejales y alcaldes de pequeñas localidades vascas y navarras. La campaña, que se prolongaría durante años, dificultaría a los ciudadanos vascos y navarros no nacionalistas el ejercicio del derecho de sufragio tanto activo como pasivo.

Tras la sacudida social y política que provocarían estas acciones terroristas, se inició un nuevo tiempo político que movería las relaciones entre los partidos y la estrategia frente a ETA. En un momento inicial se consideró la posibilidad de crear una unión de todos los partidos contra ETA, pero muy poco después se crearon dos frentes políticos claramente diferenciados por su postura en relación a la política antiterrorista, reflejándose esa tensión especialmente en Arrigorriaga el 21 de julio, tras respaldar concejales de PNV, PSOE, IU, EA y PP una propuesta de HB en contra de la dispersión:

  • Así, por un lado el Gobierno del PP, con el apoyo de la oposición del PSOE, formaron el llamado frente “constitucionalista”, siguiendo lo que se dio en llamar «Espíritu de Ermua» y promulgaba la aplicación severa y plena de las medidas policiales y judiciales contra ETA y su entorno.
  • Por otro lado, el frente “nacionalista” se consagró con la firma del Pacto de Estella, firmado el 12 de septiembre de 1998 por PNV, EA, HB, IU-EB, EKA, Batzarre, Zutik, siete sindicatos y nueve organizaciones sociales y promulgaba el diálogo y la negociación política como única solución al “conflicto”, invocando como referente el Acuerdo de Viernes Santo o Acuerdo de Stormont en Irlanda del Norte en abril de 1998.

El Tribunal Supremo dictó el 29 de noviembre de 1997 sentencia condenatoria contra la mesa nacional de Herri Batasuna por ceder su espacio electoral a ETA en las elecciones de 1996.

En enero de 1998, llega a oídos de la banda que la policía francesa tiene todo preparado para realizar una muy importante operación policial contra la organización. ETA comunica su disponibilidad a iniciar conversaciones a través de intermediarios internacionales y ante la negativa del gobierno popular, asesina a un concejal del PP en Zarauz. Por orden del juez Baltasar Garzón se cierra el periódico Egin.

La tregua y el Pacto de Estella (1998)

Los acuerdos de ETA con PNV y EA

Tras el rechazo de la negociación entre gobierno y ETA, por un lado, y la oposición de Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al “Plan Ardanza”, por otro, en agosto de 1998 ETA plantea una propuesta al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y a Eusko Alkartasuna (EA) en busca de un acuerdo general. El texto incluía cuatro puntos que pueden resumirse en tres propuestas básicas:

  • El impulso a la creación de una estructura institucional única para todos los territorios de Euskal Herria, fomentando dinámicas y acuerdos entre las fuerzas nacionalistas vascas.
  • Ruptura de relación entre las fuerzas nacionalistas democráticas con el PSOE y el PP.
  • Declaración, por parte de ETA, de un “alto el fuego indefinido” (aunque con un plazo inicial de cuatro meses, transcurridos los cuales, ETA evaluaría el grado de cumplimiento de los acuerdos por parte de EA y PNV).

Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado un mes antes por la propia organización terrorista ETA, y los partidos políticos PNV y EA, en el que todas las partes se comprometían a buscar la integración de los seis territorios en una institución única y soberana, y PNV y EA se comprometían a “dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)”. Por su parte, ETA se obligaba a anunciar el “alto el fuego indefinido”.

El PNV ofreció una contrapropuesta, en el que matizaban o puntualizaban los puntos propuestos por ETA:

  1. Respecto al primero, respetar y especificar el ritmo y los pasos a dar.
  2. Sobre el segundo, no cerrar la puerta a otras fuerzas políticas para conseguir la estabilidad de las instituciones.
  3. Sobre el alto el fuego, especificar que se requiería el respeto a los derechos humanos de todas las personas.
  4. Finalmente, se pedía el compromiso de no hacer público los acuerdos unilateralmente.

Este pacto es muy posteriormente mencionado por ETA en una carta al PNV, en el que ETA muestra su desacuerdo con la contrapropuesta realizada por el PNV, acusándole de haber mostrado más interés por la paz que por la soberanía, al tiempo que califican el acuerdo como apropiado e importante por ser un paso en búsqueda de la soberanía de Euskal Herria.

La firma del Pacto de Estella y el inicio de la tregua indefinida

El 12 de septiembre de ese mismo 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, se firmó en la localidad navarra de Estella un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en el que se analizaba la situación de Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse para la “resolución política del conflicto”. Este método se basaba en la negociación política, en ausencia de violencia, para dar respuesta “a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadadanas y ciudadanos de Euskal Herria”. El acuerdo se conoció como Pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra.

Según Vázquez Montalbán, los firmantes de Estella estaban «convencidos de la parálisis política que afectaba al PP y al PSOE en el tratamiento del problema vasco y de que el PP dependía de las ayudas del PNV en el Parlamento español, los firmantes de Lizarra forzaron la tuerca del soberanismo y plantearon con toda claridad el objetivo de la autodeterminación y de una negociación política con ETA».

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaraba una “tregua indefinida y sin condiciones” que entraría en vigor dos días después de su anuncio. ETA decía en su comunicado que “Los ciudadanos vascos estamos sojuzgados bajo dos Estados fuertes. Ambos Estados utilizan todos sus instrumentos armados, políticos, económicos y culturales para evitar las posibilidades que tenía Euskal Herria, un pueblo libre en el futuro”.

Pero advertía ETA que el objetivo de este paso no era la “pacificación”, y que sería un engaño a la sociedad decir que este paso lleva a la “normalización”, “la consolidación del marco actual y una paz sin que nada cambie”. Respecto a las instituciones, recordaban su objetivo de crear una institución única y soberana que integre todos los territorios que reclaman, y que era la hora “de acabar con los partidos, estructuras institucionales y represoras que tienen por objetivo la construcción de España y Francia, y la desaparición de Euskal Herria”.

Su comunicado, por último, matizaba la suspensión de sus actividades, reconociendo que seguiría desarrollando las labores de suministro, mantenimiento de sus estructuras y su “derecho de defensa en hipotéticos enfrentamientos”, y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a los acontecimientos futuros.

Elecciones autonómicas y conversaciones del gobierno con ETA

Ya iniciada la tregua, ese mismo mes de septiembre, comenzaron los contactos entre el Gobierno del Partido Popular y el entorno etarra; tres miembros del Gobierno de José María Aznar se entrevistaron de manera secreta con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Herri Batasuna en un chalé de la comarca de Juarros, en Burgos. Durante ese período, el Partido Popular mostró signos de buena voluntad, suavizando su postura y sus declaraciones y acercando a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados español que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica «una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia.

En octubre de 1998 Herri Batasuna llegó a un acuerdo electoral con otras fuerzas firmantes del Pacto de Estella, como Zutik y Batzarre, pasando a formar parte de la nueva agrupación Euskal Herritarrok (EH). Poco después y en una teórica situación de “ausencia de violencia”, aunque la violencia denominada “de baja intensidad” seguía acosando a todos los partidos políticos y en mayor medida a PP y PSOE, se celebraron elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma Vasca, en las que nuevamente ganó en votos el PNV aunque los extremos políticos PP y EH lograron un considerable aumento de sus sufragios.

El Partido Popular venció en Álava y ganó 100.000 votos convirtiéndose en la segunda fuerza desplazando al PSOE, y EH venció en Guipúzcoa y logró 223.264 votos. En San Sebastián, sin embargo, el PP fue el partido más votado (25,7%) y EH fue el segundo (19,3%).

En enero de 1999, es investido por primera vez lehendakari el jeltzale Juan José Ibarretxe tras la ruptura de las negociaciones entre PNV y PSOE y en marzo de 1999 se firmó un acuerdo de legislatura con EH. En dicho acuerdo EH renunciaba a la vía armada en beneficio de la política y por ello dicho acuerdo expresaba:

Reiteramos nuestra apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto de naturaleza política existente en Euskal Herria

Ello suponía, para algunos dirigentes políticos, que por medio de ese pacto «los dirigentes abertzales quedan atados de pies y manos a la política del PNV»

Dichos acuerdos culminaron en una reunión secreta entre PP y ETA en Zúrich en el mes de mayo de 1999. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas, pero para el gobierno pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si la banda estaba dispuesta a cesar de un modo definitivo sus actividades criminales y la reunión no fructificó.

Sin embargo las conversaciones no tuvieron éxito y se contabilizaron 390 acciones de terrorismo callejero durante 1999. Un sector del PP, encabezado por Mayor Oreja, presidente del PP vasco, receló de la tregua, considerándola una estrategia de ETA para reorganizarse y rearmarse, denominándola tregua-trampa”, interpretando el contenido de una comunicación interna de ETA interceptada al responsable de los comandos operativos José Javier Arizkuren Ruiz Kantauri, en la que se le comunica que habría una tregua, pero que sería cosa de poco tiempo. Poco después del encuentro con el Gobierno, dos de los interlocutores fueron detenidos. El parlamento nunca llevó a efecto la moción sobre el acercamiento de 1998.

Ruptura de la tregua

En agosto de 1999, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualizació del compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda Euskal Herría (tanto la parte española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una Constitución para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de sus actividades terroristas a la “fortaleza y estabilidad” del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del pacto anterior y por tanto no llegó a formalizarse.

El 28 de noviembre ETA anunciaba la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de Estella, y aludía como razones para la reanudación de sus actividades criminales, la presión ejercida por los gobiernos de España y Francia y la pretensión del gobierno español de “que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» política y con la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA pasara a ser «definitiva» e irreversible“. También se quejaba de que PNV y EA no habían respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del 3 de diciembre como la escogida para la vuelta a la violencia.

ETA declaró el fin del alto el fuego el 2 de diciembre de 1999. El PNV realizó una declación institucional ese mismo día en el que reprochaba a ETA su actitud de intentar tutelar el proceso, le acusaba de perjudicar al nacionalismo vasco y, a su vez, animaba a HB a defender democráticamente sus propuestas invitándola al diálogo.

El 20 de diciembre de 1999, la Guardia Civil interceptó cerca de Calatayud (Zaragoza) una furgoneta cargada con 950 kilogramos de explosivos; dos días después, en Alhama de Aragón, cerca de Calatayud, se encontró abandonada una segunda furgoneta, cargada con unos 730 kilogramos de explosivos. ETA pretendía llevarlas hasta Madrid y hacerlas estallar a la vez, lo que hubiera provocado uno de los más importantes atentados en su historia, por lo que fue conocido como la caravana de la muerte.

El 21 de enero de 2000, ETA hizo explotar un coche bomba cargado de 20 kg de dinamita en el barrio de Virgen del Puerto de Madrid, muriendo el Teniente Coronel de Intendencia Pedro Antonio Blanco. Este asesinato obligó a Ibarretxe a dejar en suspenso su pacto de legislatura con EH. No fue, sin embargo, hasta después del asesinato por parte de ETA del dirigente socialista alavés Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez (22 de febrero de 2000), cuando el pacto se rompió definitivamente. La ruptura del acuerdo parlamentario y el subsiguiente abandono de la Cámara por parte de EH en septiembre (que anunció que solo volvería al Parlamento de Vitoria en «ocasiones puntuales») dejaron al gobierno PNV-EA en minoría parlamentaria.

Por su parte ETA dio a conocer a la opinión pública el 30 de abril de 2000 los textos hasta entonces secretos de las negociaciones de 1998 y 1999 entre PNV y ETA, mediante su publicación en el periódico Gara. y reconoció que la tregua en realidad había sido una “tregua-trampa”. En el año 2000 ETA acabó con la vida de 23 personas, incluyendo entre sus víctimas a jueces, periodistas y uno de los fundadores del Foro de Ermua.

También se produjeron importantes escisiones en Euskal Herritarrok, primero con el abandono de Zutik y Batzarre, grupos políticos independientes contrarios a la vía armada, y después con la formación del nuevo partido político Aralar. Patxi Zabaleta, miembro fundador y exdirigente de HB y EH que encabezaba ya desde finales de los años ochenta una postura crítica dentro de estas organizaciones, condenando el asesinato de Miguel Ángel Blanco y exigiendo la desaparición de ETA, se convirtió en el coordinador de Aralar.

Primeros reconocimientos a las víctimas

El 8 de octubre de 1999 se aprobaba en España la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo que tiene como objetivo “rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos“. Dos meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto en el que se aprobaba el reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.

La política antiterrorista después de la tregua

Tras la ruptura de las negociaciones, el Gobierno del Partido Popular, con el apoyo del PSOE, continuó el acoso que ya se había iniciado en 1998, no solo a ETA, sino también a su entorno, por todas las vías democráticas posibles, perdurando casi todas ellas en la actualidad. Además se reanudó la ofensiva a nivel judicial y policial.

Las elecciones generales del 12 de marzo de 2000 otorgaron la mayoría absoluta al Gobierno de Aznar que desarrolló una política antiterrorista sin necesidad de contar con el respaldo de los nacionalistas, a diferencia de la anterior legislatura. Entre las actuaciones realizadas destacaron:

  • El «Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo» que fue un nuevo pacto antiterrorista firmado por PP y PSOE el 12 de diciembre de 2000.
  • Reforma de la Ley de Partidos por la que consiguió la ilegalización de los partidos políticos afines a la organización (Batasuna, Euskal Herritarrok y HB). Sus simpatizantes intentaron presentarse a las elecciones mediante la formación de agrupaciones de electores locales, que en bastantes casos fueron también prohibidas.
  • Resolución de la Audiencia Nacional que consideraba a los colectivos Jarrai, Haika y Segi como integrantes de una asociación ilícita no terrorista. Más tarde, el Tribunal Supremo modificaría esa sentencia el 19 de enero de 2007 declarando que Jarrai, Haika y Segi formaban parte de la estructura de ETA y aumentando las penas impuestas a sus 24 dirigentes.
  • Inclusión de las anteriores en las listas internacionales como terroristas.
  • Procesos judiciales contra el denominado “entorno de ETA” (“proceso 18/98”).
  • Cierre del periódico Egin, de su emisora y de varias empresas vinculada
  • Cierre del periódico Egunkaria en el 2003. Aunque el fiscal retiró la acusación en 2006 por considerar que no existían indicios de que perteneciera a la estructura de ETA.
  • Política de dispersión de los presos de ETA.
  • Reforma del Código Penal e impulso de cambios jurisprudenciales con el objetivo de conseguir el cumplimiento íntegro de las condenas impuestas a los terroristas y la supresión de los beneficios penitenciarios (“Doctrina Parot”). Aunque el 10 de julio de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo sentenció que la citada “doctrina Parot”, establecida por el Tribunal Supremo español en 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional en 2012, violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
  • No concesión del tercer grado penitenciario a los miembros de ETA.
  • Los actos de “kale borroka” serían enjuiciados en la Audiencia Nacional de Madrid, aunque fueran cometidos por menores de edad.
  • Impulso de la actuación policial deteniendo a múltiples comandos de la organización y dirigentes de la organización (Iñaki de Rentería, Asier Oiartzabal, Mikel Antza…). En el año 2001 se detuvieron a 135 personas vinculadas a la organización.
  • Apoyo a asociaciones de víctimas del terrorismo y organizaciones cívicas antiterroristas.
  • Durante esa legislatura popular los Tribunales sentenciaron la ya mencionada guerra sucia de los GAL que tuvo lugar durante los gobiernos socialistas en los años 1980, aunque indultaron o excarcelaron a los condenados.

El 21 de noviembre del 2000, ETA asesinó al político socialista catalán Ernest Lluch, exministro de Sanidad en el primer gobierno de Felipe González, hecho que produjo un tremendo impacto por tratarse de una persona proclive al diálogo. Pocos días después, el 12 de diciembre de ese mismo año, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra el Terrorismo tras el abandono de ETA de la “tregua” de 1998 y una vez puesto de manifiesto, según el propio texto del acuerdo, “el fracaso de la estrategia del PNV y Eusko Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.”

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno. La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización.

Las víctimas se convierten, tras este acuerdo, en la principal preocupación, e instan a los jóvenes a que se rebelen contra la violencia. El objetivo del pacto es impulsar conjuntamente las libertades y la política contra el terrorismo, y requiere, según sus firmantes, una colaboración permanente entre el PP y el PSOE que implica el intercambio de información, la actualización concertada en las reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones, y la búsqueda de posiciones comunes en este tema.

Tras varios meses de precariedad parlamentaria vasca, debido a la activa oposición de socialistas y populares y a la imposibilidad de aprobar leyes por la ausencia de apoyos parlamentarios (los presupuestos del año 2001 no pudieron aprobarse y debieron prorrogarse los del año anterior, el Gobierno Vasco anunció elecciones anticipadas para el 13 de mayo del 2001. La legislatura finalizada había sido la más corta del Parlamento Vasco desde la llegada de la democracia, y terminaba con altos grados de crispación política y una renovada ofensiva de la organización terrorista ETA, que el año 2000 acabó con la vida de 23 personas.

En ese escenario se celebraron las duras elecciones de 2001, planteadas como un plebiscito entre “nacionalismo” y “constitucionalismo”, en las que la coalición PNV-EA casi triplicó el significativo aumento de votos del PP, mientras que el nacionalismo radical representado por Euskal Herritarrok (EH) sufrió un serio descalabro ya que, tras la ruptura de la tregua de ETA, perdió la mitad de sus 14 escaños y casi 80.000 votos, pasando del 17,9% de 1998 al 10,1%. Apenas un mes después, Herri Batasuna culminaba su proceso de refundación, iniciado a partir de EH, con la creación de Batasuna, un nuevo partido con presencia en toda Euskal Herria.

Las instituciones internacionales tras el 11-S de 2001

El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución en la que, además de condenarlos inequívocamente, exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales.

El 21 de septiembrE de 2001 era el Consejo de Europa quien aprobaba las «Conclusiones y plan de acción del Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 20 en las que se marcaba el plan de acción de la política europea de lucha contra el terrorismo. Sus principales puntos eran:

  • Reforzar la cooperación policial y judicial
  • Desarrollar los instrumentos jurídicos internacionales
  • Terminar con la financiación del terrorismo
  • Reforzar la seguridad aérea
  • Coordinar la acción global de la Unión Europea

El 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba su resolución 1373 decidiendo que todos los estados miembros debían congelar los fondos y los demás recursos financieros de las personas y grupos terroristas, así como que debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta resolución.

Mural nacionalista irlandés en Belfast, mostrando solidaridad con el nacionalismo vasco. Puede apreciarse en el mismo un mapa de Euskal Herria.

Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que a la financiación se refiere.

De este modo, el 27 de diciembre de 2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del Consejo se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto terrorista «el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el Derecho nacional», y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidar gravemente a una población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la dirección o financiación de grupos terroristas, etc.

En esta posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal.

ETA en la lista estadounidense de organizaciones terroristas

El 26 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai, Haika, Segi y Gestoras Pro Amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas, así como a algunos terroristas de esta organización.

La Guardia Civil ha recogido los nombres de los incluidos en esta lista para especificar algunas acciones terroristas que han llevado a cabo.

La ilegalización de Batasuna

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

La ley, aprobada el 27 de junio de ese mismo año, pretendía la ilegalización de los partidos políticos que pertenecieran a un entramado terrorista. Esta ley, que modificaba la anterior ley de partidos políticos, anterior a la Constitución Española, establece que los partidos deben tener un funcionamiento y unas actividades democráticas, y que únicamente la autoridad judicial podrá ilegalizar un partido político, de acuerdo con la ley.

De ese modo, un partido sería ilegalizado cuando persiguiera “deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”. Entre las acciones que se consideran destinadas a este fin se encuentra el “dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta.”

Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda ante el Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual.

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.

La lista de organizaciones terroristas de la UE (2003)

En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE partedel grupo terrorista ETA“.

La tregua en Cataluña (2004)

El 26 de enero de 2004, el diario ABC publicaba que el entonces «conseller en cap» de la Generalidad de Cataluña, Josep-Lluís Carod-Rovira, se había entrevistado «recientemente» «en un lugar del sur de Francia» con dirigentes de ETA, y que supuestamente ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual esta comprometería a no atentar en Cataluña a cambio de que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya proclamara una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod-Rovira confirma la reunión, aunque aseguró que, pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún “pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún gobierno“. Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera hasta el día 3 de febrero de 2004. El 4 de febrero, ETA desmintió a través de Gara que hubiera alcanzado pacto alguno con Carod-Rovira.

El 18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el “deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán“. El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, declaró que este anuncio era la contribución de ETA a “esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Catalunya“. El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinaría que “el contenido del comunicado de establecer una tregua en Cataluña es absolutamente rechazable e inadmisible y, desde luego, debe tener consecuencias políticas“.  El presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall diría “Que digan que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna“. Por su parte, Carod-Rovira, insistió en que en su reunión no se llegó a ninguna clase de pacto a la vez que pidió su extensión al resto del Estado español, el abandono de las armas y que dejara de matar.

El 11-M de 2004

El 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid atentados mediante diez explosiones de bombas en trenes de pasajeros. En un primer momento se atribuyó el atentado a ETA, debido a que el día de Nochebuena de 2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón presuntamente preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día 1 de marzo de 2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital española.

Los representantes de Batasuna negaron esta hipótesis; asimismo, una persona que hablaba en nombre de ETA llamó a la televisión pública vasca (ETB) y negó toda responsabilidad por los atentados del 11-M, este comunicado tuvo credibilidad ya que la voz del interlocutor era muy similar a la que anunció la tregua de ETA en Cataluña.

El mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español del Partido Popular señalaba como segura la autoría de ETA (ver Reacciones políticas a los atentados del 11 de marzo de 2004), en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó una resolució en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. Ante las presiones del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo terrorista ETA.

Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España, afectando a varias políticas contra el terrorismo.

El 25 de marzo de 2004, el Consejo Europeo realizaba una “Declaración sobre la lucha contra el terrorismo” en la que recordaban las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad, ya mencionada, para afirmar que no cabe debilidad ni compromiso de tipo alguno al tratar con terroristas, que el apoyo a las víctimas es primordial y que es imprescindible para una lucha eficaz contra el terrorismo que los Estados miembros apliquen en su totalidad las medidas adoptadas por el Consejo. En este marco, fijaba una revisión de los objetivos estratégicos de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo:

  • Fortalecer el consenso internacional e intensificar los esfuerzos internacionales para luchar contra el terrorismo.
  • Restringir el acceso de los terroristas a los recursos financieros y otros recursos económicos.
  • Aumentar al máximo la capacidad dentro de los órganos de la UE y de los Estados miembros para descubrir, investigar y procesar a los terroristas y prevenir atentados terroristas.
  • Salvaguardar la seguridad del transporte internacional y garantizar sistemas eficaces de control de fronteras.
  • Reforzar la capacidad de la Unión Europea y de los Estados miembros para afrontar las consecuencias de un atentado terrorista.
  • Responder a los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas potenciales.
  • Enfocar actuaciones, en el marco de las relaciones exteriores de la UE, hacia terceros países prioritarios en los que es preciso mejorar la capacidad antiterrorista o el compromiso de lucha contra el terrorismo.

En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan.

El 8 de octubre de 2004 el Consejo de Seguridad recordaba que “los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza”.

El juez instructor acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Juan del Olmo, sin embargo, no encontró indicio alguno sobre la supuesta participación de ETA en los mismos.

Un sector ideológico, vinculado principalmente al Partido Popular, sostuvo la participación, ya sea logística o directa, de ETA en el 11-M y su decisiva influencia en el resultado de las posteriores elecciones que dieron la presidencia del Gobierno al PSOE. Dicha hipótesis fue largamente apoyada por parte de algunos medios de comunicación como El Mundo o Libertad Digital y el periodista Luis del Pino.

El juez Javier Gómez Bermúdez, en su sentencia sobre el atentado, negó cualquier tipo de vinculación entre el 11-M y ETA.

La propuesta de Anoeta

En las elecciones del 14 de marzo de 2004, tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, contrapronóstico y debido en parte a la sensación de que el Gobierno del Partido Popular había gestionado mal la crisis posterior a los atentados, el PSOE alcanzó el Gobierno. El nuevo presidente Rodríguez Zapatero anunció un cambio de “talante” en su política y especialmente en materia antiterrorista. La activa oposición realizada por el Partido Popular acosó continuamente al Gobierno por lo que el PSOE y el PNV recuperaron la sintonía de finales de los años 80, basando su política antiterrorista en el diálogo pero sin anular las medidas adoptadas anteriormente por los populares.

El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20 detenciones. Entre ellos estaban Mikel Albizu Iriarte Mikel Antza, y su compañera sentimental, Soledad Iparragirre Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en Bidart en 1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una euro-orden.

ETA no cometió asesinatos desde el 30 de mayo de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2006, aunque durante ese período se sucedieron infinidad de actos de “violencia de baja intensidad”. Durante el 2004 se detuvieron entre España y Francia a más de 130 personas por su vinculación con ETA y la organización parecía dar síntomas de estar en sus momentos más bajos, teniendo en cuenta además el rechazo internacional propiciado por los atentados de los grupos islamistas radicales. La masacre de Madrid y la repulsa nacional e internacional a los atentados islamistas de Londres o Nueva York hicieron surgir ciertas voces en el entorno de la organización que se oponían a continuar con unas prácticas terroristas tan denostadas a nivel mundial.

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegi, presentó como “un acto ilegal de una organización ilegal”. En ese acto se formalizó su propuesta para la “superación del conflicto”, que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale, en la que se apostaba “por la paz” y “por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas” para resolver “el conflicto vasco”. Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político.

Solo pocas horas después hacían explosión dos bombas en Navarra a las que siguieron otras más que no causaron víctimas y Batasuna no condenó los atentados.

Resolución en el congreso para el diálogo (2005)

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.

El 17 de mayo de 2005, se aprobó en el Congreso una resolución del PSOE en la que se autoriza el diálogo con ETA si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, como una clara voluntad para poner fin a la misma y actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción. Esa resolución, que contó en el apoyo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular (192 votos a favor y 142 en contra), decía explícitamente que “las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje.

Un mes después, el 19 de junio, ETA anunciaba que suspendía desde el 1 de junio sus acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados.

Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como Peligro bomba“. Así, en julio de 2005 colocó cuatro artefactos en las instalaciones de la central térmica de Boroa, cuando esta se encontraba en pruebas, causando escasos daños materiales.

Alto al fuego de 2006

En 22 de marzo de 2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a Euskal Irrati Telebista (EITB, Radio Televisión Vasca), y al diario en euskera Berria un «alto el fuego permanente» a partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que consideran la represión hacia ello

Al día siguiente ETA difundió otro comunicado aclarando que el cambio político busca la superación del marco actual, que es denegación, partición e imposición”

El 29 de junio de 2006, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el alto el fuego.

Los “acuerdos de Loyola” (2006)

Durante la tregua se iniciaron contactos entre representantes del Gobierno socialista y el entorno de ETA, pero ese verano surgieron diferencias irreconciliables que tuvieron como consecuencia el bloqueo de la situación y, por parte de ETA, el 18 de agosto de 2006 se realizó un comunicado en tal sentido. Ambas partes se comprometieron a dar un giro a la situación invitando a participar en dichos contactos al PNV.

Finalmente, entre los meses de septiembre y noviembre de 2006, se celebraron once reuniones en la casa de ejercicios de los jesuitas en Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa) según el diario Deia, fruto de las mismas, los diarios Deia y El Mundo sostuvieron que se elaboró un preacuerdo en octubre de 2006, denominado “Bases para el diálogo y acuerdo político” y más conocido como “acuerdos de Loyola“, que posteriormente sería sometido a la consideración del resto de partidos e instituciones, en el que se expresaba resumidamente:

  • Reconocimiento de la identidad del pueblo vasco (Euskal Herria).
  • Respeto del Estado a las decisiones democráticas y tomadas en ausencia de violencia de la ciudadanía vasca.
  • Reconocimiento del euskera como lengua oficial en la CAPV y Navarra.
  • Creación de un órgano interinstitucional entre CAPV y Navarra, previa la adhesión voluntaria de los ciudadanos de estos territorios.
  • Instar y apoyar la creación de una euroregión vasca en el marco de la UE.
  • Este acuerdo sería ratificado finalmente en referéndum.
  • Se establece un calendario de trabajo, para dar a conocer y debatir el acuerdo, en el que se celebraría una conferencia de Paz en San Sebastián – Donostia el 2 de diciembre de 2006.
  • El acuerdo-marco se depositará en el Vaticano.

Vuelta a las armas (2007)

Finalmente el acuerdo se rompió, culpándose mutuamente los intervinientes por ello según el rotativo abertzale Gara, y el 5 de junio de 2007 ETA anunció mediante un comunicado enviado a dicho diario y a Berria que daba por finalizado el alto el fuego iniciado el 24 de marzo de 2006 y que la vuelta a las armas se haría efectiva a partir de las 0:00 del 6 de junio.

El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo en comparecencia en el Palacio de la Moncloa que ETA vuelve a equivocarse y solicitó el “apoyo unánime de los demócratas al gobierno” mientras que el líder de la oposición Mariano Rajoy le solicitó al gobierno una rectificación en su política antiterrorista. ETA deja atrás con este comunicado 439 días de tregua.

Con anterioridad, el 30 de diciembre de 2006, la explosión de una furgoneta bomba en el Aeropuerto de Barajas supuso el fin del alto el fuego permanente, punto en el cual el Gobierno dio por terminado el proceso. En este atentado murieron dos ecuatorianos (Diego Armado Estacio, de 19 años, y Carlos Alonso Palate, de 35).

Desde ese momento ha asesinado a varias personas más: los dos guardias civiles Fernando Trapero, de 23 años, y Raúl Centeno, de 24 (1 de diciembre de 2007); el ex-concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco (7 de marzo de 2008, dos días antes de las elecciones generales); el guardia civil Juan Manuel Piñuel, el día 14 de mayo de 2008, en un atentado perpetrado en la casa-cuartel de Villarreal de Álava (Legutiano).

El 20 de mayo de 2008 en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa detienen en Burdeos a cuatro integrantes de la cúpula de ETA, entre ellos el número uno Francisco Javier López Peña Thierry.

A mediados del mes de septiembre de 2008, fueron consideradas terroristas diversas organizaciones como “Gestoras Pro Amnistía” y su sucesora “Askatasuna”, por su vinculación con ETA; en el fin de semana siguiente, ETA atentó con tres coches bomba contra la sede de la Ertzaintza (policía autonómica vasca) en Ondárroa, la nueva sede de la Caja Vital en Vitoria y el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, en Cantabria, asesinando en este último atentado el 22 de septiembre al brigada de artillería Luis Conde de la Cruz.

A finales de 2008 la cúpula de ETA cae dos veces en tan solo tres semanas: el 17 de noviembre las fuerzas policiales detienen a Mikel Garikoitz Aspiazu Txeroki y el 8 de diciembre hacen lo propio con Aitzol Iriondo. Esta detención fue seguida por otros dos etarras que iban a acompañarle; Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe, en la localidad guipuzcoana de Irún, ese mismo día son detenidos otros tres etarras, que fueron quienes llevaron a Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe a entrevistarse con Aitzol Iriondo, se realizaron varios registros en Guecho, dando como resultado la detención de dos presuntas terroristas en Guecho y Berango. La madrugada del 15 al 16 de diciembre, se detienen cuatro miembros “legales” de ETA en Guipúzcoa, tres en San Sebastián y otro en Pasajes; Arkaitz Landaberea, June Villarrubia, Julen Etxaniz y Saioa Urbistazu.

No obstante, el 3 de diciembre de 2008, ETA asesina en Azpeitia al empresario Ignacio Uría Mendizábal tras ser tiroteado cuando se dirigía a un restaurante. El 31 de diciembre coloca una bomba en la sede central de la cadena pública de radio y televisión Euskal Irrati Telebista (EiTB) en Bilbao, en un edificio que EiTB comparte con la Hacienda Foral de Vizcaya, la aseguradora Lagun Aro y otros medios de comunicación como Antena 3, Onda Cero, Deia, El Mundo, Marca y Expansión.

El 19 de junio de 2009 asesinaba mediante bomba lapa a Eduardo Antonio Puelles García, inspector jefe del Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de la Policía Nacional.

Los medios de comunicación coinciden en que pasados cincuenta años de su creación, ETA se encuentra en estos momentos estructuralmente debilitada y aislada ante una sociedad hastiada de violencia y con un creciente rechazo social.

En la madrugada del 29 de julio de 2009 explosionó, sin aviso previo, una furgoneta junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos, cargada con 200 kilos de explosivos, produciendo 65 heridos leves. El atentado pudo acabar en masacre, ya que en el edificio dormían 117 personas, entre ellas 41 niños. A las 34 horas, poco antes de las dos de la tarde del 30 de julio, asesinó a los guardias civiles Diego Salva Lezaun, de 27 años, y Carlos Sáenz de Tejada García, de 28, junto al cuartel de Palma Nova, en el municipio mallorquín de Calviá, mediante la colocación de una bomba lapa en su vehículo policial.

El domingo 9 de agosto de 2009 estallaban en Palma de Mallorca cuatro artefactos explosivos. Tres de ellos explotaron en dos restaurantes cercanos al paseo Portitxol, frente a la playa de Can Pere Antoni. El cuarto hizo explosión en los subterráneos de la Plaza Mayor. ETA comunicó de la colocación de los artefactos a una emisora de radio de taxis del País Vasco. Esto hizo pensar al Fiscal Jefe de Baleares que persistía un comando de ETA en Mallorca; con lo que cobró fuerza la hipótesis de que los etarras autores de la bomba lapa que provocó la muerte de dos guardias civiles el pasado 30 de julio siguieran en la isla.

A finales de agosto de 2009, una nueva operación conjunta de las policías francesa y española condujo a la detención en el Sur de Francia de tres activistas de la banda (uno de ellos, Aitzol Etxaburu, entre los más buscados) y la localización de 13 zulos con abundante material explosivo relacionado con los atentados de Burgos y de Palma de Mallorca, en total más de 900 kg.

El 16 de marzo de 2010, ETA asesina, por primera vez en su historia, a un gendarme, durante un tiroteo cuando perseguía a un comando de etarras que habían perpetrado un robo de vehículos en Dammarie-les-Lys, cerca de París.

Alto el fuego de ETA de 2010

Tras la petición por parte diversos mediadores internacionales en marzo de 2010 y de Eusko Alkartasuna y Batasuna el 3 de septiembre de 2010 dentro del acuerdo firmado por ambas organizaciones de un alto el fuego, el 5 de septiembre de 2010, ETA lo anunció en un comunicado a la cadena de televisión británica BBC sin especificar su alcance. En el comunicado, señaló primero que:

[…] La lucha de años ha sembrado nuevas condiciones políticas. Agotado el marco autonómico, al Pueblo Vasco le ha llegado la hora de realizar el cambio político, el momento de construir para Euskal Herria el marco democrático, siguiendo el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca.

Después se manifestó a favor de un proyecto independentista a través del diálogo y la negociación:

Es tiempo de asumir responsabilidades y de dar pasos firmes: en la articulación del proyecto independentista; en el camino de crear las condiciones para construir el proceso democrático; en la respuesta a la represión y en la defensa firme de los derechos civiles y políticos. El cambio político es posible. Pero en ese camino no hay atajos. El camino de la libertad hay que andarlo paso a paso, aunque sea con flexibilidad. Pero, necesariamente, hay que luchar y hacer el esfuerzo al nivel del objetivo que se persigue. Sin confrontación no se puede superar la negación y la cerrazón. En ese esfuerzo ha estado y está la mano de ETA tendida, siempre. ETA se reafirma en el compromiso con una solución democrática, en el compromiso con una solución democrática para que, a través del diálogo y la negociación, los ciudadanos vascos podamos decidir nuestro futuro de forma libre y democrática.

Señaló igualmente que necesitaba la necesaria voluntad negociadora del Gobierno español “para acordar los mínimos democráticos” para emprender el proceso, señalando que así lo había hecho llegar a la “comunidad internacional” para que “tome parte”. El alto el fuego se señaló al final del comunicado:

ETA hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas. ETA quiere reiterar el llamamiento a actuar con responsabilidad a los agentes políticos, sociales y sindicales vascos. Para llegar al escenario de un proceso democrático resulta imprescindible dar pasos firmes como Pueblo. Resulta necesario fijar el proceso para dar la Palabra al Pueblo. Porque será cuando los derechos del Pueblo Vasco sean reconocidos y garantizados cuando se abra la puerta de la verdadera solución al conflicto. Para terminar, queremos hacer un llamamiento al conjunto de los ciudadanos vascos para que se impliquen y continúen la lucha. Cada cual en su propio ámbito, ofrecido cada uno su nivel de compromiso, para que con la riada compuesta por las gotas de todos podamos derruir el muro de la negación y dar pasos irreversibles en el camino de la libertad.

Con anterioridad, el viernes 3 de septiembre de 2010, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, había declarado su escepticismo ante los rumores que existían sobre esta tregua. Por su parte, el Partido Popular, había expresado anteriormente que una posible tregua no era más que “una estrategia del núcleo duro de la banda” para poder presentarse a las elecciones municipales y forales de 2011.

El 10 de enero de 2011, ETA declaró que el alto el fuego declarado en septiembre de 2010 sería permanente, general y verificable por observadores internacionales.

Anuncio del cese definitivo de la actividad armada

El 20 de octubre de 2011, tres días después de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, y apelando a sus conclusiones, la organización anunció “el cese definitivo de su actividad armada” mediante un comunicado publicado en las ediciones digitales de los diarios Gara y Berria difundido igualmente en vídeo y audio en castellano y euskera.

En el comunicado, ETA afirmó un “compromiso claro, firme y definitivo” de “superar la confrontación armada”, al tiempo que pidió a los gobiernos español y francés un “diálogo directo” con objeto de llegar a una solución de “las consecuencias del conflicto”.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció una hora después del comunicado de ETA, destacando que se trata de un triunfo «definitivo y sin condiciones» del Estado de Derecho. Hizo hincapié en la colaboración de Francia en la lucha contra la banda, y agradeció el trabajo de los distintos ministros del Interior y «la acción tenaz y eficaz de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Finalizó su comparecencia recordando que «la memoria de las víctimas acompañará siempre a las futuras generaciones españolas».

Emblema

Su emblema consiste en una serpiente envolviendo un hacha,  fue creado por Félix Likiniano, veterano antifranquista exiliado en Francia. El lema de ETA es bietan jarrai («adelante en las dos», es decir, con la fuerza contundente del hacha y la astucia de la serpiente, en la lucha militar y en la política).

Realizado por: Daddy-Lluka

 

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