La Fiscal vuelve al TSJ: esta vez pide nulidad del decreto que convoca la constituyente

La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, interpuso ante las salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tres recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a la asamblea nacional constituyente (ANC) y se establecieron sus bases comiciales. También, contra decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con ese proceso.

En el documento se señala que el Jefe de Estado solo tiene la iniciativa de la Constituyente, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ende, esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación popular, alegó la Fiscal.

Ortega Díaz también pidió la nulidad del Decreto Presidencial Nº 2.878, del 23 de mayo de este año, en el cual se contemplan las bases comiciales de la ANC. La Fiscal estima que se violan la progresividad de los derechos humanos y la democracia participativa y protagónica. Argumentó, además, la vulneración de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

En el recurso presentado por Ortega Díaz se denunció que hasta el momento se desconocen las condiciones con base en las cuales se formarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC.

En ambos casos se requirió la inhibición de los magistrados de la Sala Constitucional que han dictado sentencias que, a criterio de Ortega Díaz, son violatorias del orden constitucional; y porque fueron designados de manera ilegal: Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Luis Damiani.

Recurso contra el CNE

La máxima autoridad del Ministerio Público también interpuso ante la Sala Electoral del TSJ un recurso contencioso electoral de nulidad contra el CNE, por violar principios de legalidad administrativa al desarrollar un proceso constituyente sin dictar actos administrativos de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y modificar condiciones por las cuales se rige el proceso, lo que crea inseguridad jurídica en los ciudadanos.

Con ello se violó la universalidad e igualdad del voto, la supremacía constitucional, progresividad de los derechos humanos y el derecho al sufragio.

También pidió la inhibición de los magistrados de la sala por haber emitido la decisión N° 67, que declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Fiscal General contra la ANC, y la inhibición de los magistrados Fanny Márquez y Christian Zerpa, y sus suplentes, por haber sido designados luego de un proceso violatorio del debido proceso.

En los tres recursos se solicitó amparo cautelar para suspender los efectos de los decretos presidenciales y de las decisiones del órgano electoral.

SurCaribe, con información de -contrapunto-

Puedes dejar una comentario.

Deja un comentario