La “obsolescencia programada” es un delito en Francia desde 2014

En Francia, la «obsolescencia programada» es un delito contra los derechos del consumidor desde 2014, que puede castigarse con hasta dos años de cárcel y 300.000 euros de multa. La Ley Hamon de 2014, estableció un catálogo de medidas destinadas a proteger a los consumidores en muchos terrenos: banca y seguros; endeudamiento excesivo; sanidad; transportes; calidad de los productos, entre otros sectores. Quedó establecido entonces que todos los productos debían asegurar dos años como mínimo de garantía.

La misma Ley estableció como obligatorio que cada producto con un precio de venta superior a los 430 euros mencionase con precisión su «duración de vida«, proponiéndose que la garantía legal pasara de dos a cinco años. Dos años más tarde, el 2016, la aplicación práctica de la Ley se verificó «compleja». Según un estudio publicado por las asociaciones «Amigos de la Tierra» y «60 millones de consumidores», la mención obligatoria de la «edad de vida» de los productos era «poco o nada seguida» en más de 500 super e hiper mercados.

Las mismas asociaciones constataban que era «difícil» poner en evidencia y perseguir judicialmente las eventuales «estrategias de obsolescencia» de los productos, sometidos, a problemas de muy distinta índole: incompatibilidad de nuevos sistemas y «sofware», defectos técnicos, falta de piezas de recambio, etcétera. Los procedimientos jurídicos tampoco han facilitado la generalización de la lucha o resistencia contra la «obsolescencia programada». El consumidor debe probar ante la justicia lo bien fundado de sus sospechas: con lo cual, el lanzamiento de un proceso tiene con mucha frecuencia un costo excepcional, muy gravoso para los particulares.

La Ley de la Transición energética de 2016, intentó «normalizar» nuevas formas de delitos de obsolescencia programada, introduciendo nuevas pautas de conductas, desde una perspectiva «ecológica». Un más tarde, los nuevos matices de los delitos o presuntos delitos no han facilitado una mayor aplicación de la Ley de 2014, siempre en vigor y muy poco aplicada.

Juan Pedro Quiñonero / diario ABC (España)

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