Mármol de León: En la CPI, cada funcionario de Gobierno responde por los delitos cometidos

“El principal efecto de la declaración de la OEA es hacer entender a quienes cometen los atroces delitos de lesa humanidad que deberán responder por ellos, que la responsabilidad es individual, personal y que no se ‘diluirá’ en una gestión de Gobierno”, expuso la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León en su cuenta de Twitter el 30 de mayo.

Se refiere al informe que la organización internacional publicó un día antes para señalar que en Venezuela “había fundamento suficiente” para determinar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en 2017.

Además, en el desarrollo de la investigación señalaron a 11 funcionarios de Gobierno que estaría implicados en tales delitos: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Tareck El Aissami, vicepresidente; Jorge Arreaza, ministro de Exteriores; Elías Jaua, ministro de Educación; Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación; Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC; Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González López, director del Sebin; Antonio Benavides, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y Carlos Alfredo Pérez, director de la PNB.

“Este informe tiene trascendencia porque está bien fundamentado debido a las  audiencias celebradas donde hubo testimonios de víctimas, familiares y abogados. Así quedó un conjunto probatorio suficiente que servirá bien a la CPI (Corte Penal Internacional) para fundamentar su decisión”, explicó a Efecto Cocuyo la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El 8 de febrero de 2018, Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció que la CPI había abierto un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. Este informe realizado por la OEA puede incorporarse a la investigación del fiscal.

“Lo que busca la presentación del informe es convencer a algún país de que ejerza presión política para que la Fiscalía de la Corte avance con el proceso, aunque naturalmente la Fiscalía es la que tendrá la última palabra”, explicó Mariano De Alba, abogado venezolano especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

De acuerdo con su análisis, ahora se debe esperar que un país pida a la Fiscalía de la CPI que se abra una investigación contra los funcionarios señalados en el informe de la OEA. “Una vez que un país haya referido la situación, la Fiscalía no puede dejar de investigar sin la aprobación de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte“, afirmó De Alba.

Si esto no ocurre, la investigación preliminar que la CPI inició seguiría su curso. “Se abre la posibilidad también de que la Fiscalía descarte la fase de investigación formal, sin que esa decisión tenga que ser primero revisada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI”, indicó el analista a Efecto Cocuyo.

En un artículo publicado por De Alba en Prodavinci, explicó que esa investigación preliminar consta de cuatro fases en las que se estudia y determina preliminarmente tres elementos; si existe fundamento razonablepara concluir que se ha cometido o se está cometiendo un crimen que la Corte puede investigar y eventualmente juzgar; si el caso sería admisible, y, si se cumplen estos dos requisitos: determinar si el inicio de la investigación beneficiaría al interés de la justicia.

VANESSA MORENO LOSADA | @MORELOSADA24

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