«Luz verde para matar»: Informe de la ONU desnuda a los cuerpos de seguridad de Maduro

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó este miércoles un informe en el que involucra a los organismos de seguridad de Venezuela en delitos de lesa humanidad, como tortura a detenidos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, instando a las autoridades a investigar estos hechos.

El informe de la ONU contempla tratos inhumanos y crueles por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Sobre las violaciones la Misión de la ONU señala que en los casos investigados y documentados, las personas detenidas fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos, haciendo énfasis en la violencia sexual y de género.

«Los servicios de inteligencia del Estado desempeñaron un papel integral en los patrones de las violaciones cometidas. Las agencias de inteligencia identificaron los blancos de represión, realizaron arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron inhumanamente a las personas detenidas. Las personas fueron detenidas principalmente en las sedes de los servicios de inteligencia en Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario», señala el informe.

La ONU recalca que el Sebin realiza actividades de inteligencia civil contra las amenazas al Estado, sean internas o externas. La Misión investigó 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que los servicios de inteligencia torturó o maltrató por motivos políticos.

Las detenciones del Sebin se produjeron tras un período de vigilancia e investigación. Se llevaron a cabo en el domicilio de las víctimas, lugares públicos o en las carreteras. Todo esto sin una orden judicial.

Un exfuncionario del Sebin señaló a la Misión de la ONU que las órdenes de arresto las determinaban Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En varios de los casos investigados, los efectivos del Sebin usaron la fuerza o la violencia durante los arrestos. Además, los miembros de los cuerpos de seguridad fabricaban las pruebas «sembrándole» armas de fuego a las víctimas.

Los arrestados eran llevados a la sede del Sebin en Plaza Venezuela o la de El Helicoide, en Caracas. Allí se realizan interrogatorios sin la presencia de abogados o se les niega el derecho de contactarlos.

«Los agentes del Sebin torturaban o sometían a las personas detenidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante los primeros días de detención. Muchos exdetenidos también fueron testigos de la tortura de otros detenidos no políticos», detalló el informe.

Asfixia, palizas y descargas eléctricas

Entre 2014 y 2018 la Misión de la ONU examinó casos que revelaron técnicas de tortura realizadas en el Sebin, como asfixia con agua, bolsas de plástico o sustancias químicas; palizas y las descargas eléctricas; amenazas a familiares y tortura psicológica; iluminación constante y frío extremo.

Sobre el asesinato del exconcejal Fernando Albán, quien habría muerto en manos del Sebin en octubre de 2018, la Misión detalló que funcionarios del Sebin admitieron que fue un suicidio, a pesar de que la evidencia forense plantea «dudas sobre esta conclusión», ya que no se practicaron las normas exigidas por la legislación venezolana. Incluso su familia no pudo realizar una autopsia independiente, ni disponer del cadáver de Albán.

En la misiva se indica que durante los interrogatorios se extraían a la fuerza confesiones o información como la clave de teléfonos celulares y redes sociales para coaccionar a las personas a que se incriminaran. En el caso del diputado Juan Requesens, quien estuvo detenido en el Sebin-Helicoide por dos años, al parecer funcionarios del Sebin le suministraron drogas psicotrópicas para obtener su confesión.

Ejecuciones extrajudiciales: luz verde para matar

El informe destaca que existen motivos razonables para creer que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las FAES cometieron ejecuciones extrajudiciales. Investigaron 11 casos relacionados con 18 ejecuciones extrajudiciales, entre enero de 2014 y diciembre de 2019.

Las FAES como el Cicpc fueron responsables del 59% de los asesinatos en los años examinados, siendo ambas instituciones dependientes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

En los casos investigados los funcionarios llegan directamente a las casas de las víctimas. Los asesinatos se produjeron dentro de las viviendas, en horas de la noche o a primera hora de la mañana. No presentaban una orden judicial y para asegurar que no había testigos, los policías retiraban a la fuerza a los familiares y vecinos del sitio.

Una fuente de las FAES le señaló a la Misión que los superiores le dieron a los funcionarios «luz verde para matar», y que los asesinatos correspondían al código «ochentear (80)». Además, que existe un patrón de los disparos a quemarropa en áreas vitales, como la cabeza y el tórax.

Las autoridades policiales difunden una «versión oficial de los hechos», indicando que las víctimas murieron tras enfrentarse a la autoridad, simulando un enfrentamiento.

«La Misión identificó un patrón de denuncias de que la policía intentaba encubrir los asesinatos simulando enfrentamientos, alterando la escena del crimen, destruyendo pruebas forenses y simulando un tiroteo», detalla el informe.

El informe concluye recomendando a las autoridades de la Administración de Maduro a investigar estas violaciones a los derechos humanos, además de instar a la comunidad internacional a iniciar acciones legales ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los responsables.

Daddy LLUKA, con información de -elcooperante-

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